POLÍTICAS DE ESTADO. A52 años de la reforma agraria impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la asociatividad se convierte en un imperativo para generar mercados, además de la industrialización de los productos. Es aquí justamente a donde está orientada la llamada segunda reforma agraria, porque tiene como prioridad a la agricultura familiar, el proceso de industrialización, asistencia técnica y apoyo en créditos a los pequeños productores. Todo un desafío.
«La segunda reforma agraria tiene que garantizar la seguridad alimentaria», dijo Walter Torres, presidente de la Federación Agraria Revolucionaria de Cusco (Fartac), el 4 de octubre pasado, desde el estrado instalado en la explanada del complejo inca de Sacsayhuaman.
Aquel día, el presidente Pedro Castillo, acompañado del entonces primer ministro Guido Bellido, el ministro de Agricultura, Víctor Raúl Maita, y los titulares de otras carteras, presentó la denominada segunda reforma agraria.
“Necesitamos que se favorezca a los productos y que los intermediarios no sean los que más se beneficien con nuestro trabajo”, dijo en esa misma ceremonia el representante de rondas campesinas, Hugo Topara. Sucede que, por ejemplo, el productor vende al intermediario o acopiador un kilo de papa a S/ 0.50 en la chacra y este lo revende en los mercados a S/ 2.50. Superar este problema demanda, sin embargo, mejorar las vías de comunicación que faciliten la salida de la producción a los mercados, lo que es parte de la propuesta de la segunda reforma agraria.
El planteamiento del gobierno se centra en nueve ejes dirigidos a fortalecer la agricultura familiar, impulso del cooperativismo y la asociatividad, la industrialización, el impulso de una banca de fomento agrario, programa de siembra y cosecha de agua, carreteras para mejor conectividad y fondo de la mujer rural. De igual forma, habla de la creación de mercados donde los productores puedan vender sus productos, franja de precios para proteger la producción nacional frente a importaciones, etc.
La agricultura familiar
El ministro del Midagri, Víctor Raúl Maita Frisancho, explicó que como parte de la reforma se ejecutarán políticas y herramientas para fortalecer la agricultura familiar, el acceso de los productores a los mercados, consolidar los niveles de articulación dentro del Estado para mejorar la productividad, y asistencia técnica para los productores.
La agricultura familiar, pese a los impactos de la pandemia de la Covid-19, cumple con suministrar el 70 % de alimentos de las mesas de los hogares y es fuente de trabajo de más de 2.2 millones de trabajadores agrícolas, contribuyendo a la creación indirecta de empleo en la transformación y comercialización de productos.
La agricultura familiar es la fuente de alimentos para casi todos los peruanos. Y son las comunidades las que preservan y practican este tipo de actividad ancestral, que, además, ayuda a cuidar el ecosistema. Actualmente existen más de 7.500 comunidades: 6.277 campesinas y 1.322 nativas, según datos del INEI. Las comunidades no solo albergan una proporción importante de productores sino también controlan una importante superficie agropecuaria.
Con la segunda reforma, el Gobierno también busca que el Agrobanco incremente su patrimonio en S/ 200 millones y con ello pueda cubrir a más zonas productoras de la agricultura familiar del país, lo que sería reforzado con el ingreso del Banco de la Nación a la entrega de créditos agrarios.
Desde la explanada de la Fortaleza Inca de Sacsayhuaman, el presidente Pedro Castillo anunció otras dos medidas que se implementarán en el corto plazo. Se trata de la conformación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural y la creación de un Fondo de la Mujer Rural, que incluirá programas de apoyo técnico, empresarial y social a las 70.000 mujeres de la agricultura familiar.
Proveedores del Estado
Tras la presentación de la reforma agraria, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio algunos pasos para la implementación de las medidas anunciadas. El 21 de octubre, inició el plan para promover las compras estatales de la agricultura familiar para lo que se registraron 3.029 organizaciones de pequeños productores que podrían convertirse en potenciales proveedores de alimentos del Estado.
Con ese fin el gobierno publicó el Decreto Supremo 164-2021 sobre la Política General del Gobierno 2021-2026, donde se establece impulsar los programas de compras estatales para promover la seguridad alimentaria, combatir el hambre y la desnutrición. Según la norma, los productores de agricultura familiar podrán vender alimentos a las instituciones que manejan los programas de apoyo o asistenciales como Qali Warma, Cuna Más, Programa de Complementación Alimentaria, entre otros. Estas entidades deberán adquirir alimentos provenientes de la agricultura familiar hasta el 10% de sus compras anuales en 2022, hasta el 20% en 2023 y, a partir del 2024, como mínimo el 30%.
Los productores podrán vender alimentos agrícolas (verduras, granos, tubérculos, frutas, leche, quesos, yogurt, etc.), pecuarios (carnes de res, cerdo, cuy, alpaca, etc.) y forestales no maderables, hidrobiológicos de acuicultura y de la pesca artesanal.
El reto de hacer cambios
Esteban Escalante Solano, del Área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), organización que forma parte de las instituciones que buscan apoyar la construcción de esta reforma, consideró -en un artículo escrito recientemente- que el gobierno de Castillo asumió el reto de hacer frente a la deuda con los pequeños productores del campo. “Parte del valor histórico del esfuerzo de la segunda reforma agraria está justamente en recoger y motivar este proceso de movilización, ya que ahí también se construye ciudadanía”, escribió.
Para Escalante, luego de la primera reforma agraria y de la reestructuración de las cooperativas, los productores optaron masivamente por distintas formas de vinculación a los mercados. “En una larga y compleja historia de la que fueron parte comunidades, familias, federaciones, cooperativas, programas de extensión agropecuaria, ONG, municipios, empresas, etc. Se combinó un tremendo esfuerzo de aprendizaje de la tecnificación contemporánea con formas propias de trabajar la tierra, criar las plantas, manejar los espacios, aprovechar el agua (no sin conflictos ni contradicciones)”, analizó.
Asimismo, señala que en las últimas décadas el sector público agropecuario estuvo enfocado principalmente en las grandes explotaciones agroexportadoras. “Negocios viables gracias a beneficios tributarios y laborales excepcionales, grandes inversiones públicas (dinero de todos) en irrigaciones que habiliten los desiertos de la costa, y el drenaje de tremendas cantidades de agua de las vertientes andinas en desmedro de sus históricos usuarios. Esto con la esperanza de atraer divisas al erario nacional y generar empleo”. Respecto a las críticas sobre que aún no hay un norte claro para cumplir esta promesa, el especialista dice que uno puede intuir que este norte pareciera ser más la construcción de un mercado interno que la apuesta exportadora, más la industrialización de la producción que el nivelar el piso entre saberes técnicos y campesinos (simplificando la distinción), más el apoyo empresarial que el fortalecimiento de la comunidad, más la sostenibilidad ambiental que el extractivismo. “Quienes señalan que hay algunas lógicas importantes pero ausentes, como el enfoque de ordenamiento territorial, tienen razón y hay quienes planteamos eso como propuesta”.
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