Treinta años después del autogolpe de Estado que le permitió a Alberto Fujimori secuestrar a las instituciones, el fujimorismo -ese grupo de la dinastía del ex autócrata y sus herederos- sigue siendo un aparato que daña a las entidades garantes de la legalidad y la justicia.
Con el golpe de Estado, Fujimori sometió con prebendas y pactos ilícitos a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aquella década es una mancha negra en la historia del Perú.
Hace dos semanas -a pocos días del nefasto 5 de abril -, el TC volvió a dar vergüenza e indignó a una mayoría de peruanos. Decidió resucitar y conceder el hábeas corpus a favor del indulto del ex dictador y ordenó que sea puesto en libertad, pese a que fue condenado por corrupción y crímenes que en el derecho internacional son considerados de lesa humanidad.
Los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor del hábeas corpus, mientras que Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Mirada votaron en contra. Dado que hubo empate, Ferrero, presidente del TC, tuvo que dirimir y lo hizo para favorecer a Fujimori.
El indulto, resucitado en momentos de una enorme fragilidad institucional y cuando el presidente Pedro Castillo está acorralado por denuncias por corrupción y un pedido de vacancia en ciernes, huele a impunidad.
Constituye, además, una ofensa para la memoria de las víctimas del fujimorismo de los noventas y de los deudos que pelearon por años para que Fujimori y sus cómplices sean sentenciados.
Asimismo, según varios especialistas, el fallo va en contra de normas internacionales y coloca al Perú como una nación donde se desconocen obligaciones globales. A pesar de la protesta de varios sectores, el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, y el primer ministro, Aníbal Torres, inicialmente tuvieron reacciones tibias sobre la decisión del tribunal. Después el premier fue más contundente y rechazó la decisión.
Sin embargo, a estas alturas, todo indica, que el presidente Castillo solo apuesta por sobrevivir en vez de gobernar. Solo quiere evitar la vacancia. No le interesan otras cosas: ni siquiera defender la institucionalidad en el país. Mientras tanto, el fujimorismo y sus aliados quieren reescribir la historia. Su objetivo no es la aprobación de un indulto por razones humanitarias, lo que quieren hacer es que Fujimori aparezca como inocente, un héroe, y no un vil asesino y corrupto. Quieren que el Perú voltee la página sin que Fujimori y su gavilla reconozcan sus delitos y pidan perdón por los crímenes contra la humanidad que cometieron durante el decenio fujimorista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene en sus manos la posibilidad de evitar la liberación de Fujimori.
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