¡Que se vayan todos!: ¿Resuelve la crisis generalizada en el Perú?

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Cualquier salida a esta crisis debe ser parte de un diálogo y debate programático en perspectiva de un proceso constituyente que tenga como punto central una asamblea popular constituyente, con participación de todos los actores sociales y que culmine en una nueva Constitución, con nuevas reglas económicas, políticas y sociales.

Escribe: Jaime Borda – Secretario ejecutivo de la Red Muqui.

A poco ocho meses del gobierno de Pedro Castillo y en medio de una pandemia que no termina, así como el inicio del ataque de Rusia a Ucrania con implicancias globales, afectando también a nuestro país, la pregunta que nos seguimos haciendo es: ¿Existe realmente alguna salida a esta crisis generalizada que vivimos en el Perú?

Probablemente las respuestas sean múltiples y obedezcan a intereses particulares, ya que, por ejemplo, para la derecha y sus aliados en el Congreso y los grandes medios de comunicación la única salida a esta crisis es la vacancia o renuncia presidencial. Claramente este grupo piensa hacerse del poder para que nada cambie, sienten que ese poder les fue arrebatado en las últimas elecciones presidenciales. Para muchos de nosotros y varias organizaciones de la sociedad civil, la crisis es sistémica y va más allá del gobierno de Castillo.

Cualquier salida a esta crisis debe ser parte de un diálogo y debate programático en perspectiva de un proceso constituyente que tenga como punto central una asamblea popular constituyente, con participación de todos los actores sociales y que culmine en una nueva Constitución, con nuevas reglas económicas, políticas y sociales.

Para ello, sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué momento político y social están las comunidades, las organizaciones sociales de base y la población en general en los territorios; cuáles son sus agendas y demandas en el corto y mediano plazo, y si sienten que el gobierno de Castillo realmente está impulsando los cambios que prometió en campaña electoral.

Hasta hace poco el presidente Castillo gozaba de una aceptable aprobación en el centro y sur andino peruano; sin embargo, esta se fue mermando debido a los pocos cambios planteados hasta el momento, probablemente la propuesta de la segunda reforma agraria para las comunidades haya sido una de las pocas agendas movilizadoras el año pasado, pero se fue diluyendo.

El otro tema movilizador en el sur del Perú son los conflictos socioambientales en zonas mineras, principalmente en el corredor minero. Al respecto, la respuesta del gobierno ha sido insistir con las mesas de diálogo y pedir tregua para solucionar sus demandas, pero con los cambios de ministros cada semana y sin un enfoque claro para resolver los problemas históricos de las comunidades se corre el riesgo de que estos conflictos vuelvan a estallar en cualquier momento.

Está claro que la salida a esta crisis no tiene una sola respuesta. En todo caso hay algunas condiciones previas que deberían ser tomadas en cuenta, entre ellas, la lucha frontal contra la corrupción. Esto incluye al entorno presidencial, al Ejecutivo, a los ministerios, al Congreso, y a las autoridades regionales y locales.

Cualquier cambio de reglas de juego tiene que involucrar la participación democrática de todos los actores, principalmente de las poblaciones locales y comunales en los territorios, así como el respeto irrestricto de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos indígenas.

Este y otros temas pasan porque el Estado fortalezca su capacidad institucional. Solo por poner un ejemplo, el caso de Repsol y el derrame de petróleo en el litoral peruano es una de las mayores tragedias, pero la respuesta del gobierno en materia ambiental es precaria y desastrosa: hasta ahora no hay una sanción efectiva. Por el contrario, la empresa evade su responsabilidad señalando que otros son los culpables, mientras que los afectados siguen esperando la respuesta efectiva del Estado y de la empresa.

Finalmente, ante este escenario de crisis e incertidumbre, en los próximos meses vamos a ingresar al inicio de la carrera electoral regional y municipal, y todo parece indicar que será más de lo mismo: grupos y franquicias partidarias que buscarán hacerse del poder para buscar beneficios particulares.

Lo que toca hacer en este escenario es estar organizados para la movilización, fiscalización y vigilancia ciudadana, para abrir un proceso constituyente que nos ayude a ordenar el país democráticamente y en beneficio de todos y todas, y no de los mismos corruptos de siempre. Ir a unas nuevas elecciones como plantean algunos políticos sería elegir entre más de lo mismo y continuar profundizando la crisis.