17/05/2022

Espinar: Desidia e inacción del Estado para atender salud de afectados por metales tóxicos

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El Plan Especial Multisectorial constituye un documento base para que se avancen con acciones concretas en los territorios afectados y en riesgo de exposición a metales tóxicos, pero la implementación no avanzó a cinco meses de publicado el decreto. La plataforma nacional de afectados ha mostrado su indignación y decepción durante las últimas reuniones generadas con el Ejecutivo.

Escribe: Blga. Karem Luque / Equipo DHSF y Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.

“Nuestro país tiene grandes retos en materia ambiental. En este campo tenemos que crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de metales pesados, metaloides y sustancias químicas tóxicas, entre otros”, mencionó Pedro Castillo cuando asumió el cargo de presidente de la república el pasado 28 de julio del 2021.

 A diciembre del año pasado la presión e incidencia que hiciera la Plataforma Nacional de Afectados/as por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMPMOSQT) concluyó en el mayor mandato nacional generado para los más de 10 millones de peruanos/as expuestos a tóxicos que fue el D.S. 037 – 2021 / MINAM. Este decreto aprueba el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Ocho meses después el gabinete liderado por Aníbal Torres – tercer gabinete que solicitó el voto de confianza en menos de un año durante el gobierno de Pedro Castillo- resaltaba en su mensaje: “En la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones aprobamos el Plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que es una primera medida urgente para atender a la ciudadanía que ha sido afectada por las industrias extractivas y otras actividades contaminantes. Estamos comprometidos en la implementación de este plan para garantizar su real cumplimiento”.

Sería mezquino no reconocer los avances en materia de políticas públicas en favor de las poblaciones expuestas a tóxicos en este gobierno, sin embargo, se debe resaltar que esta ha sido una demanda de años liderada por la plataforma de afectados, por ello es importante señalar que todo se va quedando en papeles y palabras mientras no se implementen las acciones que ya están estipuladas en el Plan Especial Multisectorial. Al primer año debiéramos avanzar con aspectos claves que requieren un esfuerzo multisectorial para los ejes priorizados, por ejemplo:

EJE AMBIENTAL

  • Identificar las zonas afectadas y priorizadas en base al riesgo con criterios técnicos (ambientales, sociales y económicos) con el fin de prevenir y controlar el incremento de riesgo ambiental.
  • Fortalecer los procesos de vigilancia ciudadana existentes respecto a labores de fiscalización ambiental con el fin de establecer mecanismos de prevención del incremento del riesgo en zonas afectadas y priorizadas

EJE SALUD Y SANEAMIENTO

  • Identificar a la población expuesta para la atención integral de la salud con el fin de promover, prevenir, atender y vigilar de manera integral la salud de la población expuesta, con pertinencia cultural y lingüística.
  • Realizar vigilancia sanitaria, epidemiológica, nutricional y de inocuidad alimentaria de la población expuesta.
  • Realizar la atención integral de salud con el enfoque intercultural, etapa de vida, familia y comunidad considerando la atención integral, monitoreo de estrategias para afiliación del SIS gratuito.
  • Incrementar y/o mejorar los servicios de saneamiento (servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas) haciendo énfasis en el suministro de agua potable en las zonas priorizadas con población expuesta.

EJE INSTITUCIONAL

  • Elaborar instrumentos técnico – normativos para mejorar el desempeño y coordinación interinstitucional a nivel del gobierno nacional y subnacional para ejecutar el plan.
  • Estructurar mecanismos de evaluación, seguimiento y comunicación participativa para la implementación del Plan.

El Plan Especial Multisectorial constituye un documento base para que se avancen con acciones concretas en los territorios afectados y en riesgo de exposición a metales tóxicos, pero la implementación no avanzó a cinco meses de publicado el decreto. La plataforma nacional de afectados ha mostrado su indignación y decepción durante las últimas reuniones generadas con el Ejecutivo para ver el avance del plan (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340864384807084&id=100066505746874).

CASO ESPINAR

Y si por un lado se observa un claro abandono e inacción por parte del Ejecutivo, similar situación vive la población de Espinar (zona considerada de prioridad para la atención de personas afectadas por metales tóxicos) por parte de sus autoridades locales. Ya que, debido a un mega-operativo realizado por la contraloría General de la República se pudo evidenciar la falta de transparencia e interés que se tiene para la construcción del hospital de Espinar. 

Espinar es además una zona que está incorporada dentro de las cinco regiones del país que recibirá un fondo de 30 millones de soles (monto a distribuirse por regiones) para la atención de personas expuestas a tóxicos.

Desde noviembre del 2019 se anunciaba la construcción del hospital de categoría II-1 (: https://www.pronis.gob.pe/2019/11/4615/), obra encargada a CMO Group Construye y SINOHYDRO y que beneficiaría a casi 60 mil pobladores de la provincia, contando con una inversión de 97 millones de soles. A marzo del 2022 había incrementado su inversión a más de 130 millones de soles.

Sin embargo, pese al incremento presupuestal el avance no iba en la misma dirección, tal es así que a mayo del 2021 se avanzó apenas un 5.45 %; a marzo del 2022 el avance físico acumulado fue de 22.26 %, y en el último informe elaborado por la Contraloría el avance apenas había llegado al 23.22 %.

Es preocupante y alarmante que una provincia con un problema de salud ambiental y humana que lleva 10 años sin resolverse y con 40 años de actividad minera de por medio no reciba la atención a un derecho básico y fundamental que es la salud, llama la atención que las autoridades solo opten por “posar para la foto” pero no den seguimiento a la implementación de una obra que es urgente para Espinar.

El camino y la ruta para atender el problema de fondo ya fue trazado por la misma población afectada a través de generación de políticas nacionales y asignación de fondos, lo mínimo que se espera de las autoridades es implementar dichas medidas con responsabilidad, compromiso y transparencia.