Sanctuary Lodge: entre negociar con Belmond o iniciar un arbitraje

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La ampliación de la concesión del hotel a Belmond hasta el 2025, una de las empresas de Rafael López Aliaga, fue irregular. Pese a que hay documentos que lo prueban, la actual gestión no actúo con presteza para recuperar ese bien de propiedad regional. El Consejo Regional deberá decidir si autoriza que el gobernadore actúe.

A dos meses de que concluya su gestión, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, recién presentó ante el Consejo Regional dos propuestas para resolver el conflicto con la empresa Belmond por la administración del Hotel Sanctuary Lodge, el único que opera en la puerta de entrada a la ciudad inca de Machupicchu. este hotel Sanctuary Lodge es de propiedad del Gobierno Regional de Cusco.

Una de las propuestas es entrar a un proceso de negociación de buena fe y la negociación de una nueva adenda que favorezca a la región, y la otra es el inicio de un proceso de arbitraje. Benavente expuso los pros y los contras de cada una de las opciones. Si el Consejo aprueba la primera opción continúa la evaluación de la transacción y la adenda, y si lo rechaza culmina la negociación de buena fe e inicia el arbitraje.

Sobre el arbitraje dijo que este podría tomar tres años como mínimo, es decir, incluso podría continuar cuando haya vencido la concesión del hotel a favor de Belmond, el 16 de mayo de 2025. La concesión a favor de Belmond fue por dado en 1996, en la dictadura de Alberto Fujimori, por 20 años y en 2013 fue ampliado con una adenda irregular por diez años. Por eso este nuevo plazo vence dentro de tres años.

Precisó que entrar en un proceso de arbitraje podría generar un gasto de más de 2 millones 700 mil soles al Gobierno regional. “Se trata de un tema muy complejo, con procesos judiciales, que además de generar un proceso de arbitraje hay que buscar una nueva una salida para evitar los costos legales que involucran este tipo de acciones legales”, dijo Benavente.

Otro aspecto importante es que lo que paga Belmond por el usufructo del Sanctuary Lodge no ingresa a las arcas del GORE Cusco sino engrosa los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hablamos de aproximadamente un millón de dólares anuales. El contrato establece que Belmond debe pagar una comisión fija de US$10.000 y otra variable que equivale al 8 % de la suma total de los “ingresos brutos mensuales”. Esa cifra es irrisoria si tomamos en cuenta que una noche en una habitación en este establecimiento cuesta más de S/5,000.

El informe presentado por el gobernador fue aprobado por el Consejo Regional. Pero está pendiente que el Consejo decida sí autoriza a usar una u otra alternativa. Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regional, cualquier acción que comprometa bienes regionales deben recibir la luz verde de los consejeros.

Benavente también deslindo y rechazo “cualquier intento en el que nos han querido vincular con la empresa Belmond”, dijo Benavente. Días atrás, en el Congreso, un grupo de consejeros señaló que el gobernador no había actuado adecuadamente para defender los intereses del Gobierno Regional de Cusco.

Las irregularidades

Hay varios hechos detectados para conseguir la caducidad o nulidad del contrato. Una de ellas es la adenda irregular firmada por Acurio. Según un informe de Contraloría, en efecto, esta se suscribió sin haber pasado por la aprobación de los consejeros, como establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La otra es un informe de la Contraloría (016) que detectó que la empresa concesionaria transfirió montos menores por la concesión del hotel y generó un perjuicio de alrededor de USD 80,000 dólares al Estado. La Contraloría inclusive recomendó denuncias civiles y procesos administrativos contra 14 funcionarios del Gobierno regional por permitir el incumplimiento del contrato.

Un tercer documento es el informe de auditoría 36-2021 de la Contraloría que encontró presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en Acurio y ocho ex funcionarios por haber permitido el uso de dinero del Gobierno regional para pagar una obligación tributaria de la empresa Belmond.

Durante más de 6 años, entre agosto de 2011 y febrero de 2018, el Impuesto General a las Ventas (IGV) que debía abonar Belmond por obligación contractual fue pagado por el GORE Cusco, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/258,919 y USD 26,136.49 dólares por intereses legales no cobrados. Sucede que la empresa de López Aliaga omitió transferir el importe para el pago mensual de impuesto por IGV y, en vez de exigir el pago, la Oficina de Tesorería decidió emitir las facturas deduciendo de las retribuciones fija y variable.

Lo extraño es que Galicia Pimentel señala que antes de un proceso de arbitraje debe impulsarse un proceso de trato directo. “Si las controversias no se pueden resolver en esta vía, se iniciarán las acciones de defensa en el fuero arbitral”, dijo. Es decir, tuvieron tres años y medio para proponer una medida así y recién lo hacen ahora cuando quedan cinco meses para que concluya la actual gestión.