En forma intempestiva, el Ministerio de Educación disolvió al CNE solo por haberse pronunciado en contra del uso de la violencia y por haber cuestionado la incursión con excesos al campus de la universidad San Marcos.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tolera las críticas o las posturas disidentes dentro del aparato estatal. Esta mañana, por ejemplo, el gobierno publicó un decreto supremo 002-2023 con el que disolvió el Consejo Nacional de Educación (CNE).
«Se dedican a despotricar (los consejeros del CNE) del gobierno que les paga», había dicho Oscar Becerra, ministro de Educación, antes de que tomarán la decisión de deshacerse de los consejeros, como si un servidor público estuviera prohibido de fijar posición a pronunciarse acerca de problemas del país.
El decreto modificó el artículo 6 del Decreto Supremo 007-2002, modificado por el Decreto Supremo 010-2002, que establecía que el Consejo Nacional de Educación estaba conformado por 25 integrantes y que debía tener un carácter plural y multidisciplinario. Asimismo, indicaba que sus miembros gozaban de autonomía, siendo designados por un período de 6 años.
El nuevo decreto establece que el consejo estará conformado por 12 integrantes, deberá tener un carácter plural y multidisciplinario y sus miembros gozarán de autonomía. Además, señala que el Ministerio de Educación designará a los consejeros por un período de 3 años.
Al gobierno de Boluarte no le gustó que el CNE se sumara a las organizaciones e instituciones que rechazaron el uso de la violencia por parte del Estado para mantener el orden público y por parte de la ciudadanía movilizada como forma de protesta social.
Tampoco le agradó que en un pronunciamiento hayan cuestionado el innecesario y violento ingreso de la Policía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “La detención abusiva de aproximadamente 200 personas y el trato humillante y discriminatorio que recibieron, constituyen un nuevo caso de uso desproporcionado de la fuerza que contraviene la aspiración a la convivencia inclusiva y la ciudadanía plena postuladas por el Proyecto Educativo Nacional al 2036”, señalaron los consejeros en ese comunicado.
Los consejeros fueron también firmes en pedir al gobierno que escuche y diferencie las demandas de los diversos grupos de manifestantes, “especialmente aquellos que sin ánimo violentista han llegado a la capital desde diversas regiones del país en búsqueda legítima de ser atendidos”.
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