Dijeron que en el país todo estaba controlado, pero no era verdad. Entonces, la presidenta y el premier decidieron estigmatizar y criminalizar las protestas sociales para evitar que la convulsión social crezca. No lo consiguieron y ahora proponen cambios al Código Penal para imponer sanciones draconianas en tiempos de protestas sociales.
Escribe: José Víctor Salcedo
Atemorizados porque el rechazo a este régimen no cesa, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quieren criminalizar más las protestas sociales con penas más severas y detenciones policiales por tiempo más prolongado.
Sin mayor evaluación, salvo la impotencia ante las protestas, la dupla Boluarte-Otárola envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar 19 artículos del Código Penal y así endurecer las penas de delitos que se cometan durante el estado de emergencia y la convulsión social.
Con ese proyecto, que ingresó al Congreso el 17 de febrero pasado, se busca aumentar las penas a delitos como lesiones, daño de bienes, entorpecimiento de servicios públicos, bloqueo de carreteras y disturbios.
Boluarte y Otárola reconocen que la norma apunta a controlar y gestionar la crisis que no han podido resolver porque se pusieron de espaldas al pedido ciudadano de la renuncia presidencial. “En vista de la realidad nacional y estando a los problemas políticos que generan gran convulsión social y han dado lugar a una serie de actos que transgreden la legalidad y los límites constitucionales del derecho a la protesta…”, se lee en el documento.
Si ahora las penas por lesiones leves varían de 2 a 5 años, Boluarte y Otárola quieren que aumente de 8 a 14 años. Si las formas agravadas de daños a bienes se sancionan con 1 a 6 años, proponen 4 a 8 años. Cuando se trata de delitos de atentado a medios de transporte que sanciona con penas de 3 a 6 años, buscan que sea de 8 a 20 años.
El entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos se sanciona con penas de 6 a 8 años de prisión, quieren elevarlas de 8 a 10 años. Por disturbios son de 6 a 8 años, la propuesta considera un aumento a no menor de 15 años.
Quieren también sanciones más drásticas para quien fabrique, ensamble, modifique, almacene, suministre, comercialice, ofrezca o tenga en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación. Plantean prisión de 6 a 15 años.
El proyecto además propone ampliar la detención policial a 48 horas y alienta juicios inmediatos para detenidos. Claramente son cambios que van en contra de las garantías constitucionales en un estado democrático.
“Entre estas acciones de refuerzo al sistema de justicia, se destaca la fijación expresa del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia para los supuestos de detención policial en caso de flagrancia delictiva para fines de poner a disposición del juzgado correspondiente”, señala la propuesta.
No les basta con eso. Quieren ampliar la detención preliminar por flagrancia hasta por 10 días para que la Fiscalía y los “operadores policiales tengan un mejor margen temporal de actuación” para la investigación preliminar.
El proyecto fue recibido por el Congreso y derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que deberá analizar la pertinencia de la propuesta y emitir un dictamen favorable o mandarla al archivo. Aunque estamos ante una propuesta desproporcionada y poco razonable, el Ejecutivo sostiene que se ha “visto necesario adoptar una serie de medidas que permitan una respuesta efectiva, así como razonable y proporcional del sistema de justicia”.
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