Las dos investigaciones fiscales contra Werner Salcedo

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El gobernado regional de Cusco deberá responder por haber designado a cinco funcionarios de confianza pese a que no cumplían el perfil exigido por las normas, así como por haber autorizado, según la Fiscalía, que un grupo de manifestantes durmiera en el estadio Inca Garcilaso en enero pasado.

No ha pasado ni tres meses y el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, ya está en la mira de la Fiscalía. Tiene dos denuncias penales: contrató a funcionarios violando normas legales y autorizó el uso del estadio Inca Garcilaso de la Vega para que duerma un grupo de manifestantes. A continuación, los dos casos detallados.

Primer caso

Cinco funcionarios de confianza del gobernador Werner Salcedo Álvarez ocuparon cargos de gerencia aparentemente en forma irregular durante seis días. No haberlos sacado de sus cargos hizo que incurriera en el delito de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo.

Pasó lo siguiente. El gobierno nacional modificó la Ley 31676, que fija los requisitos para ejercer cargos en el sector público, y que sancionaba designaciones irregulares con sanciones administrativas. La modificatoria se publicó el 27 de enero, por lo que entró en vigencia al día siguiente. El cambio fue que incumplir esa norma se sanciona con penas de cárcel.

Armando Yucra Soto (gerente general del Gobierno Regional de Cusco). Zenobio Ordoñez Rodríguez (gerente de Infraestructura), Gerardo Rosario Noble Noblega (Subgerente de Recursos Humanos), José Aragón Romero (gerente de Recursos Naturales) y Octavio Huanca Caylagua (gerente de Agricultura) no cumplían los requisitos para ocupar esos cargos.

El gobernador debió retirarlos el 28 de enero, pero no lo hizo. Demoró seis días. Los destituyó recién el 3 de febrero. La noticia como era obvio se hizo público y la fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, Anaí Castro Prieto Farfán, decidió abrir investigación en contra de Werner Salcedo Álvarez por estas designaciones irregulares.

La investigación preliminar empezó el 21 de febrero. La fiscal citó al gobernador para que vaya a declarar. Así el gobernador cusqueño inaugura su gestión con una investigación por haberse demorado en sacar a los gerentes que no reunían los requisitos para ocupar esos cargos.

Segundo caso

No es el único caso que involucra al gobernador y llega a la Fiscalía. El otro tiene su punto de partida con las declaraciones altisonantes del fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, quien dijo que el gobernador había cedido las instalaciones del estadio Inca Garcilaso a las delegaciones de provincias que llegaron a la ciudad del Cusco para que organicen los actos de violencia. Durmieron, en efecto, allí la noche del 10 de enero.

Poblete lo dijo con tono de indignación -más bien impostado- ante los medios locales después de los enfrentamientos del 11 en el que murió Remo Candia. El fiscal eso sí no mostró tanta indignación por la muerte de Candia, como todo apunta, por disparos de la policía.

Así, un gesto que podría entenderse como de solidaridad con los manifestantes devino en un caso fiscal por mal uso de bienes del Estado. La Contraloría hizo un informe y concluyó que se habría hecho uso ilegal del estadio para hospedar a manifestantes que participaron en las protestas.

Para la Contraloría, el gobernador y otros implicados habrían “vulnerado la neutralidad y la protección de bienes del Estado”. En su informe se pueden ver imágenes de las cámaras de seguridad del recinto en el que pernoctaron más de 300 ciudadanos.

Salcedo Álvarez dijo que él no había autorizado que se permita el ingreso de los manifestantes al estadio Garcilaso, pero la Contraloría accedió al cuaderno de vigilancia y registro del estadio donde se dejó constancia de que los manifestantes ingresaron a dormir “por orden del gobernador regional”. El delito atribuido al gobernador es peculado de uso.

Según el Código Penal, este delito se sanciona con la inhabilitación para ejercer cargo público y una pena de 4 a 8 años de prisión. Tal parece que este paso, Salcedo Álvarez estará más ocupado en responder a las investigaciones que en gestionar el Gobierno Regional del Cusco.