Congreso y gobierno atacan al periodismo y a la libertad de expresión

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El Ejecutivo pretende definir cómo y desde qué lugar deben cubrir los periodistas las protestas sociales. En el Congreso quieren que el delito de difamación sea sancionado con 3 años de prisión y que solo los que estudiaron periodismo ejerzan esta profesión.

El periodismo y la libertad de expresión están siendo atacados. Los medios y periodistas independientes, cuyos programas se difunden en redes sociales y plataformas como YouTube y otros, serían los más afectados si los ataques prosperan.

Si no hubiera sido por los periodistas y medios independientes -así como por la prensa extranjera- no habríamos visto cómo fueron asesinados 48 personas por protestar. Fueron ellos los que cubrieron las protestas, investigaron y hallaron videos, testimonios y otras evidencias de las masacres en Huamanga, Juliaca y Andahuaylas.

Cada mentira del gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola fue develada por los informes y reportajes de estos periodistas y medios. Y los ciudadanos se encargaron de replicar esos hallazgos para desmentir al gobierno. Todo indica que eso no le ha gustado a un sector de la clase política que ha sido expuesta en la mezquindad de sus intereses.

Desde el Congreso y el Ejecutivo empezaron acciones para “controlar” o “criminalizar” el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Al inicio, el gobierno quiso imponer un protocolo para que sea el Ministerio del Interior el que defina cómo y desde qué lugar los periodistas deberían cubrir las protestas sociales. Y si no hacían caso -según ese protocolo- y les pasaba algo, era su responsabilidad.

Ahora el Congreso pretende aprobar o modificar normas. La bancada de Renovación Popular planteó un proyecto que pretende limitar el ejercicio del periodismo solo a aquellos que estudiaron esa carrera profesional. Eso afecta, según especialistas, la libertad de expresión.

Además, ayer la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un predictamen para incrementar las penas en el delito de difamación, pese a que la Defensoría y el Ministerio de Justicia enviaron argumentos en contra. “Pero estos individuos no entienden razones”, publicó al respecto el periodista Wilber Huacasi.

Para justificar ese cambio, Alex Paredes, legislador por Arequipa y representante de la izquierda, dijo: “Aquí no hay que tener miedo a una criminalización del derecho a hablar o de expresarse”.

Apoyan este proyecto de ley las bancadas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial (BM), Perú Libre (PL) y Renovación Popular (RP). Si estos cambios se concretan en el pleno del legislativo, habría menos libertad de expresión y menos periodismo posible. Según la propuesta, el delito de difamación sería sancionado con 3 años de prisión, con 30 a 120 días-multa y reparación civil a favor del querellante.