El Gobierno envío policías y militares a varios tramos de las provincias de Chumbivilcas y Espinar, en la región Cusco. Esta carretera es usada por tres mineras (MMG Las Bambas, Antapaccay y Hudbay) y es un territorio de permanentes conflictos sociales.
Uno de los puntos de bloqueo y movilización social durante las protestas antigubernamentales fue el corredor minero del sur, con predominio en las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en territorio de la región Cusco.
Las empresas mineras MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Antapaccay Glencore estaban preocupadas porque el cierre de la carretera les impedía abastecerse con insumos y, sobre todo, transportar el cobre al extranjero.
Recientemente, el Ejecutivo decidió volver a militarizar el corredor minero para así asegurar el transporte de los minerales. Envió a la zona un contingente numeroso de policías y militares con tanquetas y patrullas.
Después de limpiar las vías, tomaron posesión de algunas zonas en los distritos de la provincia de Chumbivilcas, donde más se han sentido y mantenido las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.
El Ministerio del Interior (Mininter) publicó en sus redes sociales el desplazamiento de 300 efectivos policiales el día 11 de marzo con el objetivo de liberar las carreteras bloqueadas debido a las protestas sociales entre Cusco y Apurimac.
Desde ese mismo día, se desplazan con normalidad los camiones encapsulados de las tres empresas mineras con el cargamento del transporte de concentrado.
En años anteriores, una orden judicial dispuso que el gobierno evite declarar el estado de emergencia en el corredor minero, debido a que esa medida había sido utilizada abusivamente para mantener el «control» del corredor vial.
Cabe señalar, que a lo largo de los más de 500 kilómetros del corredor vial hay una veintena de conflictos sociales sin solución desde el 2015. Las comunidades campesinas demandan respeto a sus derechos a la propiedad privada, a un ambiente de calidad, al agua, así como exigen indemnizaciones, y algunas comunidades esperan convertirse en proveedoras de servicios de transporte de minerales, etc.
Estas demandas quedaron suspendidas con el inicio de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. En cualquier momento, ahora que la intensidad de esas protestas ha bajado, estos podrían volver a activarse.
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