Muertes, detenciones arbitrarias y tratos crueles en gobierno de Boluarte

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Según el informe preliminar de este grupo, después de procesar información, documentos, testimonios, etc., concluye que por todo lo ocurrido desde el 7 de diciembre, día en que Dina Boluarte juró como presidenta, el Estado peruano deberá ser investigado “en referencia a los delitos de lesa humanidad”.

La Misión de Solidaridad Internacional de Observación y Defensa de los Derechos Humanos estuvo en el Perú. Visitó Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Ica, Cusco y Lima del 7 al 13 de febrero. Verificó en estos lugares las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Después de procesar información, documentos, testimonios, etc., presentó ayer, en conferencia de prensa, un resumen de su informe preliminar sobre lo ocurrido en el país a partir del 7 de diciembre.

En el Perú, según esta misión, hubo detenciones arbitrarias, tratos crueles y prácticas repudiables durante las manifestaciones sociales y la crisis política. Todas estas deben ser investigadas y sancionadas. En consecuencia, estos hechos “deberán investigarse en referencia a los delitos de lesa humanidad señalados”. “El pueblo peruano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”, señala en las conclusiones.

Siendo más específico, sugiere que el Estado peruano sea investigado porque las fuerzas armadas y de seguridad regulares habrían asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a los manifestantes. “La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta”, precisa en las conclusiones del informe preliminar.

Propone además que el Estado sea investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa, prácticas represivas abusivas, desproporcionadas e ilegales, utilizando para armamento sofisticado y letal. “El Estado peruano debe ser investigado por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente”, agrega la misión.

Más allá de las recomendaciones, son otros los hallazgos más destacables de la misión. Por ejemplo, la vulneración de derechos y las agresiones se vinculó con estar presentes en las movilizaciones o por ser referente social o político. La principal forma de agresión destaca la física, violencia homicida, disparos de arma de fuego, violencia a la libertad de expresión, violencia a la libertad de reunión, detención arbitraria, violencia verbal, y sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Mientras que, cuando evaluaron la actual situación de las víctimas, hallaron que el 20 % se recuperó y está en casa, el 16.7 % está herido en su casa y el 7.7 % sigue hospitalizado en estado grave; el 19.5 % murió, el 16.7 % es amenazado o coaccionado; el 9.7 % de los detenidos ahora está en libertad y otro 9 % está en prisión con condena o prisiones preventivas.