El informe 2022-2023, elaborado por Amnistía Internacional, abarca las afectaciones de personas con metales tóxicos y el retroceso en derechos de las mujeres. Ese documento será presentado mañana, 5 de mayo, a las 5:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco.
La situación de los derechos humanos revela cómo los abusos contra los derechos humanos alimentaron la impunidad y la inestabilidad en el Perú. En su capítulo de Perú, entre otros puntos preocupantes, el informe de Amnistía Internacional destaca que en 2022 las autoridades no atendieron oportunamente las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación provocada por metales pesados y otras sustancias tóxicas. No hizo pese a que existe un plan especial multisectorial de acción con presupuesto para brindar atención médica especializada a comunidades afectadas en diferentes regiones del país.
Amnistía Internacional presentó en 2021 evidencia científica e independiente de que comunidades de Espinar, en la región Cusco, enfrentan una grave crisis de salud que requiere una respuesta urgente. “No obstante, no vemos un liderazgo para abordar esta situación. No puede normalizarse que en el país miles de personas vivan con metales y sustancias tóxicas en sus cuerpos. El derecho a la salud y a vivir en un medioambiente sano deben garantizarse”, dijo Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.
Tasas de embarazo
Además, la agenda antiderechos siguió avanzando. En un país con altas tasas de embarazo adolescente y violencia machista, la promulgación de la Ley 31498 golpeó la educación sexual integral. Además, la aprobación en el Congreso del proyecto 1520/2021 sobre los derechos del no nacido ha puesto en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Esta tendencia se da a pesar de que los indicadores muestran que los derechos de las niñas y mujeres se encuentran en emergencia en Perú. En 2022, cada día, 50 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en el país, y 1 623 niñas, entre 11 y 14 años, se convirtieron en madres, la mayoría producto de violación sexual. En el caso de Cusco, el año pasado, 44 niñas y adolescentes fueron forzadas a ser madres.
“Forzar a una niña a llevar un embarazo y parir es tortura. Por un lado, vemos que no se previene ni sanciona la violencia machista, y, por otro lado, hay un intento de controlar el cuerpo de niñas y mujeres con el avance de normas que ponen en riesgo el derecho al aborto terapéutico. Todo esto pone en riesgo sus vidas”, dijo Ada Santos, activista de Amnistía Internacional Perú en Cusco.
En contraste con la intención de controlar sus cuerpos, sus vidas no parecen importar. En 2022, las autoridades no protegieron a mujeres y niñas de la violencia machista. Aproximadamente cada día 50 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, 137 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y se formularon 11.524 denuncias por la desaparición de niñas y mujeres (solo 48 % fueron ubicadas). Con 702 casos, Cusco fue la segunda región con más denuncias por desaparición de mujeres.
El sesgo racista
De otro lado, con un marcado sesgo racista, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza principalmente contra población indígena y campesina tras las manifestaciones que iniciaron el 7 de diciembre de 2022. Desde esa fecha, 49 personas murieron en el país en el contexto de la represión estatal y centenares de personas resultaron heridas. “Decenas de personas que protestaban murieron por el uso desproporcionado de las fuerzas del orden. Además, otras víctimas de la represión policial siguen sin alcanzar justicia y reparación. El mensaje que se da es que salir a protestar y morir por impacto de armas de fuego puede ser normal en el país. Eso es inaceptable”, señaló Sonia Paredes.
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