Que la Fiscalía de la Nación haya decidió crear un equipo de fiscales con sede en Lima para hacerse cargo de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en este régimen de Dina Boluarte genera preocupación, pues podría ser un paso hacia la impunidad.
Escribe: Helio Néstor Cruz / Área Legal de DHSF.
Durante los días de protesta social y represión del Estado, en Cusco hemos sido testigos de cómo personas fueron lesionadas, otras detenidas arbitrariamente, incluso menores de edad. Y hubo dos personas fallecidas: el primero Remo Candia, presidente de la comunidad campesina Anansaya, Urinsaya, Ccollana Anta y de la Federación de Comunidades Campesinas de la provincia de Anta, quien murió a consecuencia del impacto de una bala; el segundo, Rosalino Flórez, joven de 22 años, de la comunidad campesina Conchaccalla del distrito de San Jerónimo, quien murió luego de más de 60 días de agonía producto del impacto de 33 perdigones en su cuerpo. Ambos fallecieron a causa de la represión policial.
Este caso se encontraba en investigación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, pero el pasado 5 de abril se conoció que esta carpeta fiscal pasó a la Segunda Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. La carpeta fiscal contiene información de 2 fallecidos y 15 heridos.
El caso incluye a los heridos Edison Yucra Sananes, Beto David Salazar Cotohuanca, Roberto Pucara Churana, Wilber Mamani Mamani, Adriel Merma Lezama, José Omar Quispe Huaman, Rosmed Roman Roduizo y Brahan Gonzales Rico. También Yunder Ccopa Huallpatuyso, Kike Andre Roman Huacoto, Jhoset Rivera Taco y Edgar Quispe Palomino. Completan la lista Edgar Fuentes Alvares, Percy Dsivilka Calona y Maricruz Montañez Torres.
Poco se sabe si las personas lesionadas cuentan con defensa legal, debido a que la Fiscalía no ha informado quienes están como agraviadas o víctimas en la investigación.
¿Las investigaciones fiscales en Lima estarán camino a la impunidad? La pregunta suena fuerte. Como es de público conocimiento, al mando de la Fiscalía de la Nación está Patricia Benavides que ha creado dudas sobre su desempeño en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
¿La Fiscal de la Nación realmente cree que con un equipo «especial» no especializado hará una investigación seria y transparente?
Primero ordenó que las Fiscalías de Crimen Organizado atiendan la investigación de hechos en la protesta social; segundo, conocidos los casos de ejecución extrajudicial, dispuso la reorganización de las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos e Interculturalidad. Eso no fue todo, anunció públicamente la “reestructuración o reorganización” de la Oficina de Peritajes durante los días de mayor masacre que se registraron durante las protestas en el Perú.
Además, el 3 de abril, la Fiscal de la Nación ha conformado el “Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales”. Este nuevo grupo de fiscales impulsará las investigaciones sobre los delitos cometidos contra la humanidad, delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos; delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidos contra periodistas; delitos que se produzcan en agravio de las personas defensoras de derechos humanos en razón de su labor de defensa, delitos contra la tranquilidad pública.
Este nuevo equipo de fiscales también atenderá los casos de homicidio calificado, lesiones y criminalizados a nivel nacional, va a atender todos los casos, aunque más bien parece ser una maniobra que podría conducir la investigación a la impunidad. Casos de homicidio calificado se ha registrado 50, con el último que falleció en Puno producto de tortura.
La Fiscal de la Nación realmente cree que con un equipo especial no especializado hará una investigación seria y transparente, atendiendo caso por caso y con diligencias que se tendrían que programar todas en Lima. Somos de la idea de fortalecer la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y otorgarle el presupuesto que necesita, así como de abrir más oficinas en las capitales de departamento a fin de conocer todos los casos y evitar la impunidad.
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