
Una escalada de feminicidios, violaciones y agresiones golpea a las mujeres en el Perú. Cada día una mujer está el peligro de muerte y en ese mismo día 33 sufren abuso sexual. A pesar de la magnitud de la violencia, el gobierno no cuenta con ninguna política para enfrentar la violencia hacia las mujeres. De paso, el ministro de Educación compara a las madres aimaras con animales y la ministra de la Mujer responsabiliza a las víctimas por ser víctimas.
Escribe: José Víctor Salcedo
En marzo, cada tres días, una mujer fue asesinada. En marzo, cada día, 33 mujeres sufrieron abuso sexual.
Uno.
El 21 de marzo de 2023, Yanet C.C. fue asfixiada con una toalla hasta morir. Su conviviente David Flores Yucra la mató. Después, mientras sus cuatro hijos menores dormían, enterró el cuerpo en un ambiente al costado de su habitación. Carente de escrúpulos, Flores Yucra fue a la Comisaría de la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, y la denunció por abandono de hogar. Como no aparecía, la hermana de Yanet denunció su desaparición. Seis días después del feminicidio, la Policía fue a la casa en la avenida JAPAM de Sicuani. En la casa encontraron tierra movida y húmeda. Cuando interrogaron al conviviente, este cayó en contradicciones. Acorralado, confesó el crimen. El cadáver de Yanet fue hallado en estado de descomposición. Por ahora, mientras se investiga, David Flores Yucra está en prisión con una orden de prisión preventiva por nueve meses.
Dos y tres.
El día que asesinaron a una joven en Lima, en Juliaca una enfermera fue violada y torturada por sus compañeros de trabajo. Ocho días después del ultraje y la tortura la joven madre murió. Había sido llevada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Lima para recibir tratamiento especializado. Sufrió graves lesiones que la llevaron a la muerte. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Melgar ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los presuntos violadores Dino Álvarez Limahuay (30) y Renato Francisco Quispe Ramos (26) por violación sexual y lesiones graves.
Por esos mismos días, en Abancay (Apurímac), Everson Inca Paullo (50) era sentenciado a 35 años de cárcel por los delitos de violación sexual en contra de tres menores y tocamientos con connotación sexual contra otras cuatro adolescentes. Inca Paullo sometió a las menores cuando era entrenador del equipo de fútbol femenino de la ciudad. Se sanciona al culpable, a veces, pero aquellas vidas quedan destruidas, sin posibilidad de ser reconstruidas porque esas heridas nunca cicatrizan.
Apenas vamos en el cuarto mes del año y ya hubo 41 feminicidios, casi la tercera parte de la cifra registrada en los doce meses del 2021 y 2022. A su vez, en ese mismo periodo, hubo 1,112 casos de violación sexual.
Según el Centro Líber, en los últimos 16 meses, desde enero de 2022, se registraron 770 casos de feminicidios. En ese mismo periodo, el Ministerio Público abrió 545 investigaciones, de los cuales 225 casos fiscales corresponden a los tres primeros meses de este año. La mayor cantidad de casos fiscales se encuentran en Lima, Arequipa, Cusco y Lambayeque.
Estas cifras demuestran que las mujeres están bajo amenaza. Son objeto de actos crueles, desde agresión psicológica, económica y física hasta acoso sexual y laboral, violaciones sexuales y feminicidio. Estas violencias se ejercen a todo nivel y con intensidades y mecanismos similares.
Según el Centro Líber, en los últimos 16 meses, desde enero de 2022, se registraron 770 casos de feminicidios.
Mirando para otro lado
Lejos de asumir posturas firmes en contra de la violencia hacia a las mujeres, autoridades y funcionarios tienden a justificar las agresiones y en otros casos responsabilizan a las víctimas por ser víctimas.
Dice mucho de un país que sean las autoridades las que justifiquen y no hagan mucho para proteger a las mujeres que pueden ser asesinadas en cualquier momento. Dice mucho también, por ejemplo, que la ministra de la mujer culpe a una mujer por haberse relacionado con su agresor o que la viceministra de la mujer diga que una llamada a la línea 100 no puede salvar vidas o que el ministro de educación compare a mujeres aimaras con animales o que la presidenta les niegue derechos políticos a las mujeres. Y todo eso está pasando en el gobierno de la primera presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra.
Cuando las mujeres aimaras llegaron a Lima de Puno, el ex ministro de Educación, Óscar Becerra, puso a estas madres al mismo nivel o incluso por debajo del nivel de los animales. No le gustó que salieran a protestar a pedir la renuncia de su entonces jefa con sus bebés cargados sobre sus espaldas.
“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto”, dijo Becerra, el mismo hombre que ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un “adefesio”.
Casi con el mismo tono, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, quiso responsabilizar a las mujeres de relacionarse con un agresor, como si el agresor mostrara su lado agresivo y criminal cuando empieza una relación amorosa.
“Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar”, dijo Tolentino con tonito serio, “porque ellas deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia y que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta”. Lo dijo cuando se conoció el asesinato Katherine Gómez, quemada vida por el venezolano Sergio Tarache Parra.
Cuando las mujeres aimaras llegaron a Lima de Puno, el ex ministro de Educación, Óscar Becerra, puso a estas madres al mismo nivel o incluso por debajo del nivel de los animales.
Pero no se quedó allí. La ministra Tolentino trató de minimizar la inoperancia de la línea 100, que atiende a personas afectadas por la violencia familiar o sexual, con estas palabras: “Cuando se han referido a la línea que no salva vidas, lo han hecho en el caso supuesto de si el agresor está al lado [de la víctima]. Obviamente, [en esa circunstancia], así grite o haga una llamada, está en riesgo su vida”, apuntó.
Un día antes, la viceministra de la Mujer, Silvia Loli, había dicho en RPP que “nadie te salva la vida por teléfono, ojo. Eso no te puede salvar la vida, porque si está tu atacante a tu costado, no hay modo de que te salve la vida una llamada”.
No hay desde el Estado una política integral que reduzca los niveles de violencia que han convertido la vida de las mujeres en una pendiente de incertidumbre y miedo. Si la educación es clave en esta tarea, sobre todo preventiva, los grupos conservadores que han tomado el Ministerio de Educación impedirán que se implemente un currículo con enfoque de género. No quieren que se rompa esa organización tradicional que predomina en las actuales estructuras estatales.
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